La intención del Ayuntamiento de Sevilla de endurecer la regulación de las viviendas turísticas con una modificación del plan urbanístico de la ciudad (PGOU) con vistas a considerarlas como hospedajes en suelo terciario con licencia de actividad ha caído en vía muerta.
La cuestión lleva estancada tres meses porque tal pretensión no es compatible con la normativa andaluza que regula este tipo de alojamiento: el Decreto andaluz 28/2016 de las viviendas con fines turísticos. Lo advirtieron las asociaciones del sector en su día cuando lo planteó el gobierno de Juan Espadas.
La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) recalcó a finales de diciembre que tal propuesta de tratar las viviendas turísticas como hospedaje ubicado en “suelo terciario” y ceñido a licencia de actividad “no tiene validez jurídica” porque contraviene el decreto andaluz que regula desde 2016 las viviendas turísticas.
Así las cosas, el Ayuntamiento tiene que ver ahora qué otras alternativas de regulación puede tener que no incumplan la legislación andaluza. Según ha aclarado esta semana el gobierno municipal a preguntas de este periódico, esa iniciativa de modificación del plan urbanístico “se está analizando jurídicamente” en el Ayuntamiento.
No hay más datos oficiales aparte de la aclaración de que “el informe es complejo porque ha habido varias sentencias” y de que cuando estén claras las opciones “se mostrará el planteamiento a las partes afectadas”.
EL GOBIERNO DE ESPADAS DICE QUE LA CUESTIÓN ES COMPLEJA POR LAS SENTENCIAS QUE HAY
La cuestión es que tres meses de análisis parece demasiado tiempo para una consulta jurídica. A este hecho se añade que a lo largo de estos meses el gobierno local no ha consultado con las asociaciones de viviendas turísticas una alternativa. Y que quedan dos meses para las elecciones municipales del 26 de mayo.
Desde la Asociación de Hoteles de Sevilla no esperan novedades en los próximos meses y aseguran que la tramitación de esta iniciativa del alcalde Espadas “está parada”. La patronal hotelera es partidaria de frenar la proliferación de viviendas ilegales de uso turístico con una declaración de estas como “actividad económica”, lo que implicaría que los dueños tengan que sacar una licencia fiscal, que tengan que emitir factura (por la ley de turismo), que paguen impuestos y tributen como tal actividad económica.
Otras entidades que confirman la parálisis de esta tramitación municipal son las asociaciones de viviendas turísticas AVVA y Apartsur.
Desde Apartsur, su portavoz el arquitecto Juan Ignacio Chaves reitera que la vivienda turística no puede convertirse en hospedaje terciario porque la ley andaluza obliga a registrarla como vivienda con fines turísticos, y tampoco puede ser apartamento.
Y añade que el gobierno local puede estar esperando a después de las elecciones municipales. “Si se tuviera que hacer una modificación estructural, tiene que intervenir ordenación del territorio de la Junta y el trámite es muy largo. Pueden estar esperando a las elecciones a ver si repiten otro mandato municipal”, afirma Chaves.
Apartsur está molesta porque el Ayuntamiento no les ha pedido opinión sobre las alternativas que hay para hacer una regulación municipal ni los sienta a la mesa que se constituyó para luchar contra los alojamientos ilegales.
Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) su delegado en Sevilla, David Moreno, confirma que “pasar a terciario no era viable jurídicamente y ahora se trabaja con el sector para una norma que sea lo más equitativa y justa para los ciudadanos”.
La entidad se ha ofrecido a colaborar con el Ayuntamiento para lo que necesite “para hacer una regulación consistente y que jurídicamente se sostenga , no perjudique y sea lo más beneficiosa para la ciudad”.
Apartsur y AVVA repiten los beneficios que ha traído la vivienda turística: complemento a la economía familiar, potenciador del comercio y la hostelería, y regeneración del parque de vivienda.
La Asociación de Viviendas Turísticas y Vacaciones de Andalucía (Apartsur) ha criticado el cambio legal que permite a las comunidades de vecinos poner freno a los pisos turísticos por considerar que es “partidista y no soluciona ningún problema” de las viviendas turísticas ilegales que ya existen y “son las que provocan los problemas de convivencia” en las comunidades.
La Asociación reclama más inspectores de la Junta para controlar las viviendas turísticas ilegales y que la administración dialogue con el sector para buscar soluciones eficaces de verdad. “La norma llega tarde porque las viviendas turísticas que ya existen no se pueden prohibir en las comunidades”, asegura Juan Ignacio Chaves, portavoz de Apartsur.
Por eso la solución más eficaz, según Apartsur, es que la administración disponga de más personal para inspeccionar porque “más de la mitad de las viviendas turísticas ilegales en Sevilla no han sido inspeccionadas”.
La asociación critica además que la legislación no regule otras actividades en viviendas que provocan la entrada y salida de personas en las comunidades, tales como despachos de abogados, consultas de médicos y alojamientos de estudiantes. Y añade que para estas otras actividades los vecinos deberían poder elevarles la cuota de comunidad o exigirles cuotas especiales.
Apartsur señala que la cuestión de la entrada y salida de personas desconocidas se aborda ya con la legislación existente puesto que el propietario de una de un piso turístico, dado de alta en el registro oficial, está obligado a comunicar a la Policía Nacional en menos de 24 horas la identidad y los datos de las personas que se alojan en la vivienda. Sólo si se cumplen tales requisitos se permite al propietario que los inquilinos ocupen la vivienda turística. “La Policía Nacional sí sabe quién se aloja en las viviendas turísticas legalizadas, con lo que por ahí no viene el conflicto con los vecinos”.
La recomendación de Apartsur a las comunidades de vecinos para evitar viviendas turísticas ilegales es que comprueben en primer lugar, con su asociación y con la Junta, si están legalizadas, dirigirse a la Policía para ver si cumplen con la obligación de comunicar los datos de los inquilinos que entran y salen, y que los propietarios cumplen con las normas de la comunidad de vecinos.
Manuel Vilariño, vocal de nuestra asociación en Málaga, afirma que “desde APARTSUR somos los primeros que queremos combatir la ilegalidad, que todos compitamos con las mismas condiciones y paguemos impuestos ya que eso, al final, va a ser mejor para el Ayuntamiento, para la comunidad y para el país. Nosotros queremos seguir colaborando para que se solucione”
El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Apartsur), Hilario Echevarría, ha mantenido un encuentro con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y expertos policiales. Durante la reunión se han analizado las condiciones de seguridad en que se desarrolla el alquiler de viviendas y apartamentos turísticos en la comunidad autónoma, así como las actuaciones de control y vigilancia policial que se realizan y las características del actual marco regulatorio.
Apartsur ha aprovechado el encuentro para insistir en la necesidad de vigilar y denunciar la cobertura que ofrecen algunas plataformas turísticas a viviendas no legalizadas con el riesgo que esto supone para la seguridad, además de la competencia desleal para el sector.
Entre los asuntos tratados en el encuentro se han detallado las medidas en vigor para identificar a los visitantes y garantizar la seguridad en las operaciones de alquiler que se realizan a través de las plataformas digitales en el mercado de los apartamentos turísticos, así como la obligación de exigir los documentos de identidad de cada uno de los visitantes y ponerlos a disposición de la Policía Nacional.
Del mismo modo se han analizado las posibles mejoras del actual marco regulatorio para evitar que se realicen intercambios o alquileres de apartamentos al margen del control policial, tanto para garantizar la seguridad general como en beneficio de los propios arrendatarios.
